Narcoestados: Crimen, Corrupción y Colapso Institucional en el Siglo XXI

Narcoestados: Crimen, Corrupción y Colapso Institucional en el Siglo XXI

Autor: Jorge Niño

Agradecimientos

Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo, la inspiración y la firme convicción de quienes creen en la libertad, la justicia y la reconstrucción institucional de nuestras naciones. En particular, deseo expresar mi más profundo agradecimiento al partido Vente Venezuela, cuya labor incansable ha sido faro de integridad, coraje y compromiso ciudadano en medio de la adversidad.

Agradezco a sus líderes, militantes y colaboradores por su organización ejemplar, por su capacidad de integrar a los diversos sectores de la sociedad venezolana, y por mantener viva la esperanza de un país libre de corrupción, crimen y sometimiento. Su valentía frente a la represión, su defensa de los derechos humanos y su visión de una Venezuela democrática han sido fuente de inspiración para este estudio.

Este documento académico es también un homenaje a todos aquellos que, desde el anonimato o desde la primera línea, han resistido el avance del crimen organizado en nuestras instituciones. Que este trabajo sirva como herramienta de análisis, reflexión y acción para quienes luchan por restaurar el Estado de derecho y construir sociedades más justas y sostenibles.

Índice Temático

1. Introducción

2. Clasificación de Narcoestados

3. Saqueo de Recursos Naturales

4. Alianzas con Países de Baja Reputación

5. Violaciones a los Derechos Humanos

6. Sobornos a Instituciones Internacionales

7. Alianzas con Multinacionales

8. Impacto en la Sociedad y el Medio Ambiente

9. Impunidad y Captura del Estado

10. Conclusiones y Recomendaciones

Capítulo 1: Introducción

El fenómeno de los narcoestados representa una de las amenazas más complejas para la gobernabilidad, la seguridad y los derechos humanos en el siglo XXI. En estos contextos, el crimen organizado se infiltra en las estructuras del Estado, corrompe instituciones, saquea recursos naturales y establece alianzas con actores internacionales de dudosa reputación.

Este documento académico tiene como objetivo analizar de forma sistemática y comparativa los elementos que configuran un narcoestado, utilizando ejemplos concretos, datos verificables, citas académicas que permitan comprender la magnitud del problema.

La metodología empleada incluye revisión bibliográfica, análisis de casos, recopilación de datos de fuentes internacionales y evaluación de impactos sociales, económicos y ambientales. El enfoque es multidisciplinario, abarcando perspectivas desde la ciencia política, la criminología, los estudios internacionales y los derechos humanos.

Capítulo 2: Clasificación de Narcoestados

La clasificación de los narcoestados permite comprender la magnitud y evolución del fenómeno del crimen organizado en la estructura estatal. Paul Rexton Kan, experto en seguridad nacional, propone una tipología que categoriza a los narcoestados según el grado de penetración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales.

Tipologías de Narcoestados según Paul Rexton Kan

Kan identifica cinco niveles de narcoestado:

1. Incipiente: El narcotráfico comienza a influir en sectores aislados del gobierno.

2. En desarrollo: La corrupción se extiende a múltiples instituciones, pero aún existe resistencia institucional.

3. Serio: El narcotráfico controla sectores clave como seguridad, justicia y economía.

4. Crítico: El Estado pierde autonomía y se convierte en facilitador del crimen organizado.

5. Avanzado: El narco sustituye al Estado como principal proveedor de servicios y autoridad.

Ejemplos de Narcoestados

Afganistán

Afganistán ha sido considerado un narcoestado avanzado, especialmente durante el auge del cultivo de amapola y la producción de heroína. Los ingresos del narcotráfico han financiado grupos insurgentes como los talibanes, debilitando aún más la capacidad del Estado para gobernar.

México

México representa un narcoestado en desarrollo, con regiones donde el crimen organizado ha cooptado autoridades locales y debilitado el Estado de derecho. Cárteles como el CJNG y Sinaloa ejercen control territorial, influyen en procesos electorales, financian campañas políticas y participan en economías paralelas como la minería ilegal y el robo de combustible. Su expansión internacional y capacidad de infiltración institucional los posiciona como actores transnacionales con impacto en la gobernabilidad y seguridad regional.

Venezuela

Venezuela ha sido señalado como un narcoestado avanzado, con altos funcionarios implicados en el Cartel de los Soles, una red criminal que involucra a miembros del gobierno, militares y cuerpos de seguridad. Esta estructura controla rutas aéreas, marítimas y terrestres para el envío de cocaína hacia EE.UU., Europa y África. Informes de organismos internacionales y sentencias judiciales en EE.UU. han documentado cómo el narcotráfico se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para el régimen, superando incluso los ingresos petroleros.

Capítulo 3: Saqueo de Recursos Naturales

El saqueo de los recursos naturales es una característica recurrente en los narcoestados, donde la debilidad institucional y la corrupción permiten la explotación indiscriminada de bienes comunes. Este capítulo examina cómo el narcotráfico y las redes de poder se entrelazan con actividades extractivas ilegales en países como Honduras, México, Bolivia, Perú y Venezuela.

3.1 Honduras: Deforestación y Minería Ilegal

En Honduras, la deforestación en la Reserva de la Biosfera del Río Plátano ha sido impulsada por redes criminales que utilizan tierras protegidas para el cultivo de coca y ganadería extensiva. La minería ilegal también ha proliferado, particularmente en zonas indígenas, sin consulta previa ni compensación ambiental.

3.2 México: Tala Ilegal y Control Territorial

En estados como Michoacán y Guerrero, grupos del crimen organizado han diversificado sus fuentes de financiamiento mediante el control de actividades extractivas ilegales como la tala clandestina de madera y la minería ilegal de oro. Estos recursos naturales, explotados sin regulación ni respeto por el medio ambiente, son utilizados para sostener redes criminales que operan con impunidad. A esta dinámica se suma el huachicol, o robo de combustible, una práctica extendida en regiones como Guanajuato, Puebla y Veracruz, donde bandas delictivas perforan ductos de PEMEX para extraer y comercializar gasolina de forma ilícita.

Además, ha emergido una variante más sofisticada: el huachicol fiscal, que consiste en la evasión de impuestos mediante esquemas de facturación falsa, contrabando de mercancías y triangulación comercial con empresas fantasma. Esta práctica no solo erosiona la recaudación tributaria del Estado, sino que también permite el lavado de dinero a gran escala, debilitando aún más la economía formal.

La convergencia de estas economías ilegales ha fortalecido el poder territorial de los grupos criminales, debilitando la presencia del Estado y profundizando la crisis social en vastas zonas del país. Las comunidades locales, atrapadas entre la pobreza, la extorsión y la violencia sistemática, enfrentan desplazamientos forzados y una creciente pérdida de sus medios de vida.

3.3 Bolivia y Perú: Explotación de Tierras Indígenas

En la región amazónica de Bolivia y Perú, la expansión de cultivos ilícitos ha invadido territorios indígenas. La minería aurífera ilegal ha contaminado ríos con mercurio, afectando la salud de comunidades nativas. La falta de fiscalización estatal ha permitido que estas actividades se desarrollen con impunidad.

3.4 Venezuela: Oro y Petróleo como Motores del Saqueo

En Venezuela, el Arco Minero del Orinoco se ha convertido en un epicentro de minería ilegal de oro, diamantes y coltán, controlado por grupos armados irregulares y con presunta complicidad de sectores del Estado. Esta zona, rica en biodiversidad y recursos estratégicos, ha sido devastada por prácticas extractivas que violan tanto las leyes ambientales como los derechos humanos de las comunidades indígenas y locales.

La extracción y contrabando de petróleo también ha sido objeto de corrupción sistemática, con redes que desvían crudo y derivados hacia mercados paralelos, generando pérdidas millonarias para la nación. A esto se suma el fenómeno del huachicol venezolano, una práctica que implica el robo de combustible directamente de instalaciones de PDVSA o mediante manipulaciones en la cadena de distribución, alimentando economías ilícitas y agravando la escasez interna.

Asimismo, la deforestación ilegal para la producción de carbón vegetal y la expansión de actividades agroindustriales sin regulación ha contribuido a la degradación ambiental en regiones como el Amazonas y el estado Bolívar. El contrabando de minerales estratégicos, como el coltán y el uranio, ha despertado alertas internacionales por sus posibles vínculos con redes criminales transnacionales.

Estas actividades extractivas ilegales no solo han generado un daño ambiental irreversible, sino que también han profundizado la crisis humanitaria, provocando desplazamientos forzados, violencia sistemática y el colapso de las estructuras institucionales en vastas zonas del país. En este contexto, la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales y la implementación de políticas de desarrollo sostenible se presentan como desafíos urgentes para el nuevo gobierno.

Capítulo 4: Alianzas con Países de Baja Reputación

En este capítulo se examinan las alianzas estratégicas que los narcoestados establecen con países de baja reputación internacional, así como con organizaciones criminales transnacionales. Estas alianzas permiten a los regímenes autoritarios y redes criminales expandir sus operaciones, evadir sanciones y consolidar su poder político y económico.

Vínculos entre cárteles y mafias internacionales

Diversos informes de inteligencia y estudios académicos han documentado la colaboración entre cárteles latinoamericanos y mafias europeas, asiáticas y africanas. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han establecido vínculos con la mafia italiana 'Ndrangheta, facilitando el tráfico de cocaína hacia Europa a través de puertos en España, Bélgica y los Balcanes.

Rutas de tráfico en África y Europa del Este

África Occidental se ha convertido en un punto clave para el tránsito de drogas hacia Europa. Países como Guinea-Bisáu, Nigeria y Malí han sido señalados como plataformas logísticas para el narcotráfico, debido a su débil institucionalidad y corrupción endémica. Asimismo, Europa del Este, particularmente Albania, Ucrania y los Balcanes, ha sido utilizada como ruta alternativa para el ingreso de estupefacientes al mercado europeo.

Cooperación con regímenes autoritarios

Los narcoestados también han establecido relaciones con gobiernos autoritarios que comparten intereses geopolíticos o económicos. Venezuela, por ejemplo, ha mantenido vínculos estrechos con Irán, Rusia y Turquía, países que han sido señalados por facilitar transacciones financieras opacas, suministro de armamento y apoyo diplomático. Estas alianzas permiten a los regímenes sancionados evadir controles internacionales y mantener su estabilidad interna.

Implicaciones geopolíticas

Estas alianzas no solo fortalecen a los narcoestados, sino que también representan una amenaza para la seguridad internacional. La convergencia entre crimen organizado y actores estatales autoritarios socava los esfuerzos multilaterales de control del narcotráfico, lavado de dinero y respeto a los derechos humanos. Además, debilita las instituciones democráticas en regiones vulnerables.

Capítulo 5: Violaciones a los Derechos Humanos

Las violaciones a los derechos humanos son una característica recurrente en los narcoestados, donde el poder político se entrelaza con estructuras criminales. En este capítulo se analizan casos documentados de trata de personas, represión estatal, desapariciones forzadas, tortura y explotación laboral en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Se incluyen además denuncias específicas sobre el secuestro de miembros del partido Vente Venezuela y el uso del Helicoide como centro de tortura en Venezuela.

Trata de personas y explotación laboral en regímenes autoritarios

En Venezuela, Nicaragua y Cuba, se han documentado redes de trata de personas que operan con la complicidad de actores estatales, lo que agrava la vulnerabilidad de sus ciudadanos y la impunidad de los perpetradores.

Venezuela

Venezuela presenta una de las tasas más altas de esclavitud moderna en América Latina, con más de 270.000 víctimas estimadas, según el Índice Global de Esclavitud. Las rutas internas e internacionales de trata operan en estados como Bolívar, Nueva Esparta y Táchira, facilitadas por la minería ilegal, el turismo y la migración forzada. Las víctimas son captadas para explotación sexual, trabajo forzado, servicio doméstico y, en algunos casos, venta de órganos en redes transfronterizas. La falta de legislación integral y la corrupción institucional han permitido que estas redes operen con impunidad.

Nicaragua

El régimen de Ortega ha desmantelado instancias clave como la Comisión Nacional contra la Trata, lo que ha debilitado la respuesta institucional. Se han reportado casos de tráfico de mujeres y niños hacia países como Costa Rica, Panamá y El Salvador, donde son explotados en labores agrícolas, servicio doméstico y prostitución forzada. La migración irregular promovida por el régimen ha incrementado la exposición de los ciudadanos a redes criminales que lucran con la desesperación y el exilio.

Cuba

Las llamadas “misiones médicas” del gobierno cubano han sido denunciadas como formas de explotación laboral institucionalizada, donde profesionales son enviados al extranjero bajo vigilancia política, sin control sobre sus ingresos ni condiciones laborales. Además, se han identificado casos de tráfico sexual y explotación infantil, aunque el gobierno sostiene una política de “tolerancia cero” que no se refleja en la práctica.

Represión estatal y desapariciones forzadas

La represión estatal en los narcoestados se manifiesta en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura sistemática y persecución política, configurando un patrón de violaciones a los derechos humanos que ha sido documentado por organismos internacionales. En el caso de Venezuela, el régimen ha intensificado su ofensiva contra la disidencia, especialmente tras las protestas poselectorales de 2024 y 2025.

El partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, ha sido uno de los principales blancos de esta represión. Según su Comité de Derechos Humanos, más de 60 militantes han sido detenidos arbitrariamente, en una campaña que ha incluido allanamientos sin orden judicial, desapariciones forzadas y confiscación de bienes personales. Entre los casos más notorios se encuentran Elizabeth Rodríguez, Juan Torres, Pedro Andrade, Hommel Torres, Milciades Ávila, Edwin Moya, Albany Colmenares y Perkins Rocha, este último asesor legal de Vente Venezuela y vocero oficial del Comando Con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Rocha fue detenido arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por cuerpos de seguridad del Estado, permaneciendo incomunicado en El Helicoide bajo condiciones que han sido denunciadas como tratos crueles e inhumanos. Su detención ha sido calificada como un acto de represalia por su participación en la defensa legal del proceso electoral opositor y la difusión de actas que evidencian el triunfo de la Plataforma Unitaria Democrática.

Uno de los casos más emblemáticos de esta represión es el asesinato de Óscar Alberto Pérez, exinspector del CICPC y líder del Movimiento Equilibrio Nacional. Pérez, quien también fue piloto, paracaidista y actor, se rebeló contra el régimen en 2017 denunciando la corrupción y la represión estatal. El 15 de enero de 2018, fue ejecutado extrajudicialmente junto a seis compañeros durante un operativo militar en El Junquito, a pesar de haberse rendido públicamente. La Masacre de El Junquito, como se le conoce, fue condenada por organismos internacionales como la CIDH, que abrió un caso formal contra el Estado venezolano por violaciones graves a los derechos humanos. La figura de Pérez se ha convertido en un símbolo de resistencia y martirio, recordado por su valentía y compromiso con la libertad.

Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Misión Internacional de la ONU han denunciado que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática de persecución política. Esta represión ha alcanzado incluso a familiares de opositores, en una práctica conocida como Sippenhaft, heredada de regímenes totalitarios, que busca castigar a los allegados de los disidentes. En estados como Trujillo, Lara y Guárico, se han documentado múltiples casos de mujeres, adultos mayores y activistas sociales detenidos sin garantías procesales, muchos de ellos aún en condición de desaparecidos.

Estas acciones no solo violan derechos fundamentales, sino que también socavan las bases del Estado de derecho, consolidando un modelo autoritario que se sostiene mediante el miedo, la censura y la criminalización del pensamiento crítico.

El Helicoide como centro de tortura

El Helicoide, ubicado en Caracas, es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y ha sido ampliamente denunciado como el mayor centro de tortura en Venezuela. Originalmente concebido en los años 50 como un centro comercial de lujo, su construcción fue abandonada tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Décadas después, el edificio fue transformado en una prisión para disidentes políticos, convirtiéndose en un símbolo del aparato represivo del chavismo.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y ONGs como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Justicia, Encuentro y Perdón, han documentado graves violaciones a los derechos humanos en sus instalaciones. Entre los métodos de tortura reportados se encuentran golpizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas impregnadas en insecticidas, colgamientos, violencia sexual, aislamiento prolongado, privación del sueño, amenazas de muerte y simulacros de ejecución.

Uno de los testimonios más impactantes es el de Víctor Navarro, periodista y ex preso político, quien fue detenido arbitrariamente en 2018 por el SEBIN. Durante cinco meses, fue sometido a torturas físicas y psicológicas en El Helicoide. En sus palabras: “Es tortuoso, sombrío. Hay un silencio que aturde y los pocos sonidos que hay son gritos de gente torturada, gritos de auxilio. Es perder la noción del tiempo, la capacidad de saber si es de día o de noche. Es hundirte en tus pensamientos. Es ir perdiendo poco a poco la vida y de alguna manera la razón de ser”. Navarro fue amenazado con una pistola en la boca por negarse a delatar a compañeros opositores y posteriormente desarrolló un proyecto de realidad virtual llamado “Realidad Helicoide”, que recrea las condiciones de detención y tortura en ese centro, basado en los testimonios de más de 30 sobrevivientes.

El Helicoide también ha sido escenario de desapariciones forzadas, como en el caso de Sofía María Sahagún Ortiz, detenida en 2024, cuyo paradero fue desconocido durante meses. La CIDH ha solicitado reiteradamente acceso al centro para verificar las condiciones de reclusión, sin éxito hasta la fecha.

A pesar de las denuncias, el régimen ha intentado blanquear la imagen del Helicoide, promoviendo su uso como museo policial y destino turístico bajo el nombre de “Museo Histórico del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana”. Esta iniciativa ha sido duramente criticada por ONGs, que la consideran una banalización del sufrimiento humano y un intento de encubrir los crímenes de lesa humanidad cometidos en sus instalaciones.

El Helicoide no es solo un edificio: es un símbolo del terror institucionalizado en Venezuela. Su historia, marcada por la represión, el dolor y la impunidad, exige justicia, memoria y reparación para las víctimas.

Capítulo 6: Sobornos a Instituciones Internacionales

Los narcoestados han desarrollado sofisticadas estrategias para influir en organismos multilaterales, evadir sanciones internacionales y perpetuar su permanencia en el poder. Estas estrategias incluyen el uso de empresas fachada, redes financieras transnacionales, y el soborno directo o indirecto a funcionarios de instituciones internacionales.

Empresas fachadas y redes financieras

Una de las tácticas más comunes utilizadas por los narcoestados es la creación de empresas fachada que operan en sectores como la banca, el comercio exterior y la consultoría. Estas entidades permiten el lavado de dinero, la evasión fiscal y la canalización de fondos hacia campañas políticas o sobornos. En países como México y Venezuela, se han identificado casas de bolsa y bancos implicados en operaciones de lavado de dinero con vínculos al narcotráfico.

Corrupción transnacional y organismos multilaterales

Los narcoestados también buscan influir en organismos multilaterales como la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional (CPI), mediante estrategias de presión diplomática, financiamiento encubierto y acuerdos bilaterales que comprometen la imparcialidad de estos entes. La falta de transparencia en los procesos de investigación y la lentitud en la toma de decisiones han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil.

Investigación de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela: avances, obstáculos y preocupaciones

Desde 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas. Aunque en noviembre de 2021 se anunció formalmente la apertura de la investigación, hasta la fecha no se ha iniciado ningún proceso judicial contra los responsables, ni se han emitido órdenes de arresto. Esta situación ha generado frustración entre las víctimas, quienes denuncian que el caso venezolano no ha recibido la misma prioridad que otros expedientes similares en la CPI.

Organizaciones como Human Rights Watch, Provea, CEPAZ y Amnistía Internacional han cuestionado la opacidad de los acuerdos entre la Fiscalía de la CPI y el gobierno venezolano, especialmente el Memorándum de Entendimiento firmado en 2021, que ha sido interpretado como una estrategia del régimen para legitimarse internacionalmente sin asumir responsabilidades reales.

En diciembre de 2023, durante un evento paralelo a la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, se reiteró que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no han cesado, y que las estructuras represivas del Estado se han sofisticado, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución política.

El proceso sufrió un giro importante en agosto de 2025, cuando la CPI solicitó al fiscal Karim Khan apartarse del caso Venezuela por un conflicto de intereses. Su cuñada, Venkateswari Alagendra, fue contratada como parte del equipo legal que representa al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte, lo que comprometía la imparcialidad del fiscal. Aunque Khan negó haber compartido información confidencial, la CPI consideró que la situación afectaba la percepción pública de neutralidad.

Además, Khan enfrentaba una investigación interna por presunto acoso sexual, lo que agravó la crisis de confianza en su gestión. Tras su salida, la investigación quedó en manos de los fiscales adjuntos Mame Mandiaye Niang y Nazhat Shameem Khan, quienes ahora tienen la responsabilidad de continuar el proceso. Sin embargo, expertos advierten que la transición podría dilatar aún más las acciones concretas, como la apertura de casos individuales o la emisión de órdenes de captura.

Capítulo 7: Alianzas con multinacionales

Las alianzas entre multinacionales y narcoestados representan una dimensión crítica de la economía criminal global. Estas relaciones permiten el lavado de dinero, el contrabando de recursos naturales y la complicidad en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En este capítulo se examinan casos emblemáticos que ilustran cómo empresas internacionales se vinculan con regímenes autoritarios y estructuras criminales para obtener beneficios económicos, políticos y estratégicos.

Lavado de dinero y contrabando de recursos

En narcoestados como Venezuela, México y Colombia, el lavado de dinero se ha institucionalizado mediante complejas redes que involucran a multinacionales, bancos regionales, empresas fachadas y consorcios internacionales. Estas estructuras operan a través de contratos energéticos, comercio exterior, exportaciones ficticias y plataformas financieras, permitiendo canalizar fondos provenientes del narcotráfico, la corrupción y otras actividades ilícitas.

En Venezuela, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha procesado a decenas de exfuncionarios y empresarios vinculados a la corrupción en PDVSA, revelando esquemas de sobornos, contratos inflados y exportaciones ficticias de crudo. Estas operaciones permitieron desviar miles de millones de dólares hacia cuentas en paraísos fiscales, con la complicidad de bancos internacionales y empresas de fachada.

En México, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a instituciones financieras como CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por facilitar el lavado de dinero de cárteles como el de Sinaloa y el CJNG. Estas entidades procesaron millones de dólares en transacciones ilícitas, incluyendo pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo. Además, empresarios como Jesús González Lomelí utilizaron restaurantes y bares en Baja California como fachadas para blanquear fondos del narcotráfico.

En Colombia, la justicia estadounidense descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Cúcuta, donde narcotraficantes utilizaban tarjetas de débito del TD Bank —uno de los bancos más grandes de EE. UU.— para retirar millones de dólares en efectivo desde cajeros automáticos, sin que la entidad bancaria activara alertas de cumplimiento. El TD Bank fue multado con 3.000 millones de dólares por permitir estas operaciones, que involucraron más de 670 millones de dólares en transacciones sospechosas.

Otro caso relevante es el de Leonardo Zuluaga, alias “Rey”, extraditado a EE. UU. por liderar una red que lavaba dinero del narcotráfico mediante criptomonedas y empresas fantasma en Colombia y Estados Unidos. La red transfirió al menos 14,5 millones de dólares en Tether (USDT), que luego eran convertidos en dólares y enviados de regreso a Colombia como remesas legales.

Además, la Fiscalía colombiana desmanteló una red del ELN que, durante dos décadas, lavó más de 885.000 millones de pesos mediante empresas fachada en sectores como telecomunicaciones, construcción y servicios aéreos. Esta estructura criminal operaba en varios departamentos del país y utilizaba corresponsales bancarios para transferir fondos ilícitos a través del sistema financiero nacional e internacional.

Estos casos evidencian cómo el lavado de dinero en América Latina no solo es una herramienta de los cárteles, sino también una estrategia de captura del Estado, donde actores públicos y privados se coluden para desviar recursos, financiar estructuras criminales y consolidar redes de poder paralelas. La justicia estadounidense ha sido clave en la exposición de estas redes, pero la magnitud del fenómeno exige una respuesta coordinada internacional, así como reformas profundas en los sistemas financieros y judiciales de los países afectados.

El caso de José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela

Uno de los casos más polémicos en los últimos años involucra al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según investigaciones judiciales y denuncias públicas, Zapatero habría intervenido en la adjudicación directa de contratos millonarios entre la empresa española Duro Felguera y la estatal petrolera PDVSA.

Documentos entregados por Javier Alvarado, exviceministro de Energía de Venezuela, revelan que la adjudicación de más de 1.500 millones de euros para la construcción de infraestructuras energéticas fue realizada sin licitación pública, con la autorización de las más altas instancias políticas. Además, Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, declaró ante la Audiencia Nacional que Zapatero habría recibido beneficios empresariales encubiertos como forma de pago por su colaboración política con el régimen.

El sindicato español Manos Limpias solicitó formalmente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que se sancione a Zapatero bajo la Ley Global Magnitsky, por presuntas violaciones graves de derechos humanos y actos de corrupción significativa. La petición incluye la prohibición de entrada a EE.UU. y el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense.

Capítulo 8: Impacto en la Sociedad y el Medio Ambiente

El impacto de los narcoestados en la sociedad y el medio ambiente es profundo y multifacético. Las actividades ilícitas, la corrupción estructural y la violencia sistemática generan consecuencias devastadoras para las comunidades, los ecosistemas y la calidad de vida de la población. Este capítulo analiza estos efectos, con especial énfasis en el caso de Venezuela.

Desplazamiento de Comunidades

En Venezuela, el avance de grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal ha provocado un alarmante desplazamiento forzado de comunidades indígenas y rurales, especialmente en zonas fronterizas como los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. La presencia de grupos irregulares colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, así como de bandas criminales venezolanas conocidas como sindicatos o sistemas, ha generado un clima de violencia, extorsión, reclutamiento forzado y control territorial, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares.

Organizaciones como FundaRedes, Provea, Amnistía Internacional y el Pulitzer Center han documentado múltiples casos de reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, asesinatos de líderes comunitarios, violaciones sexuales, trabajo forzado en minas ilegales y desapariciones forzadas. En el municipio Atures, por ejemplo, comunidades indígenas han denunciado que fueron obligadas a colaborar con grupos armados o enfrentar represalias, incluyendo amenazas de muerte y asesinatos. Un informe de FundaRedes titulado “El dilema de los indígenas del estado Amazonas: unirse a los GAI o ser desplazados” revela que muchas familias han huido hacia zonas más seguras, como el Eje Carretero Sur, tras negarse a trabajar en minas controladas por estos grupos.

En la comunidad de Ikabarú, en el estado Bolívar, se registró en 2019 una masacre en la que ocho personas fueron asesinadas por un grupo armado encapuchado. Este hecho marcó un punto de inflexión en la región, donde los grupos criminales se disputan el control de los yacimientos de oro, financiando sus operaciones con ingresos del tráfico de minerales, drogas y armas. La masacre de Ikabarú es solo uno de los muchos episodios de violencia que han dejado un saldo de trauma, desplazamiento y pérdida cultural en las comunidades indígenas.

El asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo Arana, defensor del territorio Uwottüja, en 2022, es otro ejemplo del alto costo que enfrentan quienes se oponen a la minería ilegal y la presencia de grupos armados. Trujillo fue asesinado en Puerto Ayacucho tras denunciar la ocupación de territorios ancestrales por parte de guerrillas y mineros ilegales.

A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta del Estado venezolano ha sido insuficiente o cómplice. Informes de ONGs y medios independientes señalan que las fuerzas armadas venezolanas no solo han tolerado la presencia de estos grupos, sino que en algunos casos han colaborado con ellos, facilitando el control de minas y rutas de contrabando. Las operaciones militares anunciadas como medidas contra la minería ilegal han servido, en muchos casos, para reconfigurar el control territorial entre facciones armadas, sin resolver la crisis humanitaria ni proteger a las comunidades afectadas.

El desplazamiento forzado en el sur de Venezuela no solo representa una tragedia humanitaria, sino también una amenaza a la soberanía nacional, la biodiversidad amazónica y la supervivencia cultural de los pueblos originarios. La comunidad internacional ha comenzado a prestar atención a esta crisis silenciosa, pero aún falta una respuesta contundente que garantice protección, justicia y reparación para las víctimas.

Destrucción de ecosistemas: El ecocidio del Arco Minero del Orinoco

La minería ilegal de oro en Venezuela, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, ha desencadenado una de las peores crisis socioambientales del continente. Esta vasta zona, que abarca más de 111.000 km² —equivalente al 12% del territorio nacional—, ha sido devastada por actividades extractivas descontroladas que han causado la pérdida de más de 140.000 hectáreas de selva amazónica.

El uso indiscriminado de mercurio, un metal tóxico prohibido en muchos países ha contaminado ríos como el Caura, Caroní e Ikabarú, afectando gravemente la salud de las comunidades indígenas que dependen de estos cuerpos de agua para su subsistencia. Estudios han revelado que hasta el 92% de las mujeres yekuana y sanema presentan niveles de mercurio muy por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con riesgos de daños neurológicos en recién nacidos.

Organizaciones como SOS Orinoco, FundaRedes y Transparencia Venezuela han documentado la destrucción de parques nacionales y reservas naturales, incluyendo el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Solo en esa área, se han destruido más de 606 hectáreas de ecosistemas protegidos, y se ha denunciado la construcción de pistas clandestinas para el narcotráfico dentro de zonas de conservación ambiental.

Además de la deforestación masiva, la minería ilegal ha provocado la fragmentación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la erosión de suelos fértiles y la contaminación de fuentes hídricas. Esta situación ha generado brotes de malaria, enfermedades crónicas y desplazamientos forzados de comunidades indígenas como los pemones, yanomamis y yekuanas, quienes enfrentan no solo la devastación ambiental, sino también la violencia de grupos armados que controlan las minas.

A pesar de la magnitud del daño, el Estado venezolano ha promovido el Arco Minero como un proyecto estratégico para la economía nacional, ignorando los principios de consulta previa, libre e informada establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Las denuncias de líderes indígenas han sido sistemáticamente desoídas o reprimidas, profundizando la marginalización histórica de estos pueblos y consolidando un modelo extractivista que prioriza el lucro sobre la vida y el ambiente.

La comunidad internacional, incluyendo la ONU y la UNESCO, ha expresado su preocupación por el ecocidio en curso, pero hasta ahora no se han tomado medidas efectivas para detener la destrucción. La situación del Arco Minero del Orinoco representa una emergencia ambiental y humanitaria, que exige una respuesta urgente basada en la protección de los derechos humanos, la justicia ambiental y la soberanía de los pueblos originarios.

Normalización de la violencia: entre el crimen organizado y la represión estatal

En Venezuela, la violencia se ha convertido en una constante cotidiana, moldeando la vida de millones de ciudadanos bajo una cultura de miedo, resignación e impunidad. Esta normalización no es accidental, sino el resultado de una doble presión ejercida por bandas criminales y el propio aparato estatal, que han cooptado espacios urbanos, rurales e institucionales.

En zonas populares de Caracas, como Petare, La Vega y El Valle, bandas armadas como El Wilexis, El Coqui y El Koki han ejercido durante años un control territorial que incluye toques de queda, cobro de vacunas, justicia paralela y reclutamiento forzado. Aunque el gobierno ha anunciado su “erradicación”, informes de organizaciones como FundaRedes y Un Mundo Sin Mordaza revelan que muchas de estas estructuras han sido reconfiguradas o absorbidas por cuerpos de seguridad del Estado, como la FAES o la DIE, en una estrategia de “pacificación” que en realidad perpetúa el control armado.

La represión estatal ha contribuido a esta cultura de violencia institucionalizada. Según la Misión Internacional de la ONU, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se registraron más de 2.200 detenciones arbitrarias, 32 casos de tortura, 28 desapariciones forzadas y 25 asesinatos por arma de fuego en el contexto de protestas y persecución política. Casos como el de John Álvarez, líder juvenil del partido Bandera Roja, quien fue torturado con descargas eléctricas en los genitales para forzarlo a incriminar a opositores, ilustran la brutalidad sistemática del aparato represivo.

La impunidad es otro factor clave. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), más del 90% de los crímenes violentos no son investigados ni sancionados, y el 98% de las violaciones de derechos humanos quedan impunes. Esta falta de justicia ha generado una percepción generalizada de que la violencia es inevitable y que el Estado no protege, sino que agrede.

Además, la cooptación de las fuerzas de seguridad por intereses criminales ha sido documentada por el Instituto CASLA, que denuncia una convergencia entre el crimen organizado transnacional y el aparato represivo del Estado venezolano. El informe 2024–2025 detalla cómo organismos como el SEBIN, la DGCIM y la Guardia Nacional Bolivariana han sido instrumentalizados para proteger redes de corrupción, narcotráfico y represión política, operando como estructuras de un Estado criminal.

En este contexto, la violencia ya no se percibe como una excepción, sino como una forma de gobierno y control social. La ciudadanía, atrapada entre el miedo a las bandas y la represión oficial, ha visto erosionarse su confianza en las instituciones, mientras la resignación y el silencio se imponen como mecanismos de supervivencia.

Deterioro de la calidad de vida: una crisis humanitaria prolongada

La crisis humanitaria en Venezuela ha provocado un colapso generalizado de las condiciones de vida, afectando todos los aspectos del bienestar de la población. La escasez crónica de alimentos y medicinas, la intermitencia de servicios básicos como electricidad, agua potable y transporte público, y la hiperinflación han empujado a millones de venezolanos a una situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

El sistema de salud se encuentra en ruinas: hospitales sin insumos, médicos que emigran por falta de condiciones laborales, y pacientes que deben llevar sus propios medicamentos, guantes o jeringas para ser atendidos. Enfermedades previamente controladas, como la malaria, la tuberculosis y la difteria, han resurgido con fuerza, mientras que el acceso a tratamientos para enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes es prácticamente inexistente en muchas regiones.

En el ámbito alimentario, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha alertado que uno de cada tres venezolanos sufre inseguridad alimentaria, y que más del 60% de los hogares ha tenido que reducir la cantidad o calidad de sus comidas. La desnutrición infantil ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas.

La destrucción del aparato productivo nacional, en gran parte atribuida a la corrupción, el control estatal de la economía y la penetración del narcotráfico en sectores estratégicos ha generado una dependencia casi total de las importaciones y del ingreso por remesas. Empresas expropiadas, tierras abandonadas, industrias paralizadas y una economía informal en expansión han dejado a millones sin empleo formal ni oportunidades de desarrollo.

Este colapso ha sido uno de los principales motores de la crisis migratoria venezolana, considerada la más grande en la historia reciente de América Latina. Más de 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país, según cifras de ACNUR y la OIM, buscando refugio en países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, así como en Estados Unidos y Europa. Muchos de ellos enfrentan condiciones precarias, xenofobia y dificultades para regularizar su estatus migratorio.

La corrupción estructural ha agravado esta situación. Casos como el desfalco de más de 20.000 millones de dólares en PDVSA, el uso de empresas fantasma para desviar fondos públicos, y la connivencia entre funcionarios y redes criminales han vaciado las arcas del Estado, dejando sin recursos a sectores esenciales como salud, educación y servicios públicos.

En este contexto, la calidad de vida en Venezuela no solo se ha deteriorado, sino que ha sido sistemáticamente erosionada por un modelo de gobernanza basado en el saqueo, la represión y la impunidad. La reconstrucción del país requerirá no solo recursos económicos, sino también voluntad política, justicia transicional y una profunda transformación institucional que devuelva la dignidad a millones de ciudadanos.

Crisis humanitaria: el rostro humano del colapso

La crisis humanitaria en Venezuela ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales como ACNUR, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), OCHA y Amnistía Internacional, quienes coinciden en señalar que el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en la región.

Los indicadores son alarmantes: más de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional, sin acceso adecuado a alimentos, medicinas, agua potable, electricidad, educación o servicios de salud. El colapso del sistema sanitario ha provocado el resurgimiento de enfermedades prevenibles como malaria, tuberculosis y sarampión, mientras que el 49,8% de los pacientes con enfermedades graves no recibió atención médica en 2024, y el 46,7% no tuvo acceso a medicamentos.

La desnutrición infantil es otro de los rostros más trágicos de esta crisis. Según la plataforma HumVenezuela, siete de cada diez venezolanos deben recurrir a estrategias de sobrevivencia para alimentarse, y más del 70% de los escolares no recibe alimentación en sus centros educativos. Muchos niños han perdido más de 100 días de clases al año por falta de transporte, comida o servicios básicos.

La migración masiva es una consecuencia directa de este colapso. Desde 2014, más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país, convirtiéndose en la segunda mayor crisis de desplazamiento del mundo, solo superada por Siria. Esta diáspora ha generado una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud, educación y empleo en países receptores como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Chile.

El narcoestado venezolano ha sido un factor determinante en esta catástrofe. Informes de Transparencia Venezuela revelan cómo el narcotráfico, la corrupción estructural y el saqueo de recursos públicos han desmantelado el aparato productivo y desviado fondos esenciales para la atención social. El Cartel de los Soles, una red criminal integrada por altos mandos militares y funcionarios del régimen, ha sido señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. como responsable del tráfico de toneladas de cocaína hacia Centroamérica y Europa, utilizando pistas clandestinas, empresas fachadas y protección estatal.

La respuesta del Estado venezolano ha sido no solo insuficiente, sino represiva. En lugar de facilitar la ayuda humanitaria, el régimen ha criminalizado a las ONG, restringido el acceso de organismos internacionales y utilizado la crisis como herramienta de control social, mediante programas como los CLAP, que distribuyen alimentos de forma clientelar y excluyente.

En suma, la crisis humanitaria en Venezuela no es producto exclusivo de sanciones o factores externos, sino el resultado de un modelo de gobernanza basado en la corrupción, la represión y la negligencia institucional, que ha destruido las bases del bienestar social y ha convertido la sobrevivencia en un acto de resistencia cotidiana.

Capítulo 9: Impunidad y Captura del Estado

La impunidad y la captura del Estado son pilares fundamentales de los narcoestados. Estas condiciones permiten que redes criminales, especialmente las vinculadas al narcotráfico, infiltren y controlen instituciones clave como el poder judicial, las fuerzas armadas, los cuerpos policiales y los sistemas de control fiscal y financiero. En este capítulo se analizan los casos de Venezuela, Colombia y México, donde la corrupción estructural ha debilitado el Estado de derecho y ha facilitado la consolidación de economías criminales paralelas.

Venezuela

En Venezuela, la penetración del narcotráfico y de redes terroristas internacionales en las instituciones del Estado ha sido sistemática y profundamente documentada por organismos internacionales, medios de investigación y agencias de inteligencia extranjeras. El caso más emblemático es el del Cartel de los Soles, una red criminal integrada por altos mandos militares, especialmente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), implicados en el tráfico de cocaína hacia Centroamérica, el Caribe, África y Europa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a figuras clave del régimen, como Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Néstor Reverol y Hugo Carvajal, de liderar esta estructura criminal. Estas figuras utilizaron recursos del Estado, aeronaves oficiales, puertos, empresas fachadas y redes diplomáticas para facilitar el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La alianza con grupos armados colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC, así como con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, ha consolidado a Venezuela como un centro logístico y de distribución del narcotráfico internacional.

A esta red se suma la colaboración con grupos terroristas internacionales, como Hezbolá y Hamás. Según testimonios presentados ante el Senado de Estados Unidos por el exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, Marshall Billingslea, el régimen de Nicolás Maduro ha facilitado la instalación de centros de entrenamiento paramilitar en la isla de Margarita, así como la emisión de pasaportes venezolanos a miembros de Hezbolá y Hamás, permitiéndoles operar en la región y desplazarse internacionalmente con identidades falsas. Estas redes han sido utilizadas para lavar dinero del narcotráfico, financiar actividades terroristas y establecer alianzas con estructuras criminales locales, como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

La falta de independencia judicial ha sido clave para garantizar la impunidad de estos actores. El sistema de justicia ha sido cooptado por el poder ejecutivo, operando como un instrumento de represión política y encubrimiento de delitos de Estado. Informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela han denunciado que jueces y fiscales actúan bajo presión directa del régimen, sin autonomía ni garantías procesales.

Esta instrumentalización se refleja en casos como el de Perkins Rocha, asesor legal de Vente Venezuela, detenido arbitrariamente por denunciar fraude electoral, y el de Óscar Pérez, exinspector del CICPC, ejecutado extrajudicialmente en 2018 tras rendirse públicamente. Ambos casos ilustran cómo el aparato estatal se ha transformado en una herramienta de persecución y eliminación de la disidencia.

La colaboración con grupos terroristas como Hamás no solo representa una amenaza para la seguridad regional, sino que consolida a Venezuela como un santuario para redes criminales transnacionales. La Asamblea Nacional legítima, presidida por Juan Guaidó, declaró en 2019 a Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas, denunciando que el régimen de Maduro ha convertido al país en un “santuario de grupos armados irregulares y redes de crimen organizado transnacional”.

En este contexto, Venezuela se ha convertido en un narcoestado híbrido, donde convergen el crimen organizado, el terrorismo internacional y la represión política, bajo la protección de un régimen que ha capturado todas las instituciones del Estado para garantizar su permanencia en el poder y su impunidad.

Colombia

C Colombia ha enfrentado históricamente el desafío de la infiltración del narcotráfico en sus instituciones, un fenómeno que ha evolucionado desde los grandes cárteles de los años 80 y 90 hasta redes más fragmentadas, pero igualmente poderosas. Aunque el país ha logrado avances significativos en la lucha contra el narcotráfico —incluyendo extradiciones, incautaciones récord y cooperación internacional—, la corrupción estructural persiste en cuerpos policiales, militares, judiciales y políticos.

La captura institucional se manifiesta en múltiples niveles: desde la protección de redes de narcotráfico por parte de funcionarios locales, hasta la manipulación de procesos judiciales y la intimidación de jueces, fiscales y periodistas. Informes recientes han documentado cómo grupos armados ilegales y estructuras criminales continúan operando con impunidad en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Bajo Cauca antioqueño, donde el Estado tiene una presencia débil o cooptada.

En octubre de 2025, la crisis institucional alcanzó un nuevo nivel de tensión internacional cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó públicamente al presidente colombiano Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico”. Trump ordenó su inclusión en la Lista Clinton, un mecanismo del Departamento del Tesoro que sanciona a personas vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo, congelando sus activos y prohibiendo transacciones con entidades estadounidenses.

La sanción también alcanzó a la esposa de Petro, Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta complicidad en el florecimiento de los cárteles de la droga desde la llegada de Petro al poder en 2022. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord, “inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

Trump suspendió toda ayuda económica a Colombia, calificando al gobierno de Petro como una “estafa a largo plazo” y advirtiendo que si no se cerraban los “campos de exterminio” de droga, Estados Unidos lo haría por la fuerza. Petro, por su parte, rechazó las acusaciones, calificándolas de “acto de imperialismo” y una represalia política por su postura crítica frente a la política antidrogas de Washington. Afirmó que no posee bienes en EE. UU. y que su gobierno ha logrado incautaciones históricas de cocaína.

Más allá del conflicto diplomático, el caso refleja la persistente fragilidad institucional en Colombia, donde el narcotráfico continúa siendo una fuente de financiación para actores armados ilegales, y donde la corrupción ha penetrado profundamente en el aparato estatal. Escándalos como el de los vuelos irregulares desde el aeropuerto El Dorado, denunciados por el propio Petro, revelan la infiltración del narcotráfico en la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial.

La impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la consolidación del Estado de derecho. Según el Observatorio de Transparencia por Colombia, más del 85% de los casos de corrupción vinculados al narcotráfico no llegan a sentencia condenatoria, lo que perpetúa un sistema donde el crimen organizado coexiste con la legalidad y donde la ética pública ha sido sustituida por la lógica del soborno y la intimidación.

En este contexto, Colombia se encuentra en una encrucijada: o avanza hacia una reforma profunda de sus instituciones, con enfoque en la transparencia, la justicia independiente y la protección de los denunciantes, o corre el riesgo de consolidar un modelo híbrido donde el Estado y el crimen organizado se confunden en una misma estructura de poder.

México

En México, la colusión entre autoridades y grupos criminales ha sido una constante en diversas regiones del país, donde cárteles como el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y Los Zetas han logrado infiltrar cuerpos policiales, gobiernos locales, fiscalías estatales y estructuras judiciales. Esta infiltración ha permitido la protección de líderes criminales, la manipulación de investigaciones, la cooptación de jueces y ministerios públicos, y la eliminación sistemática de contrapesos institucionales.

La corrupción estructural se manifiesta en múltiples niveles. Casos como el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa, revelan la profundidad de la penetración criminal en el aparato estatal. A nivel local, alcaldes, policías municipales y gobernadores han sido señalados por colaborar con cárteles a cambio de protección o financiamiento político.

La violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios honestos es parte del mecanismo de control del narcoestado. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con más de 150 periodistas asesinados desde 2000, muchos de ellos tras denunciar corrupción o vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

A este panorama se suma un fenómeno reciente: la concentración del poder político por parte del partido oficialista Morena, que ha logrado capturar los tres poderes de la Unión. Desde 2024, Morena controla la Presidencia de la República (Ejecutivo), el Congreso (Legislativo) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Judicial), tras una controvertida reforma que permitió la elección de jueces y ministros afines al oficialismo.

En 2024 y 2025, Morena y sus aliados aprobaron la eliminación de al menos siete organismos constitucionales autónomos, entre ellos:

· INAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información)

· Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica)

· IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones)

· CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)

· CRE (Comisión Reguladora de Energía)

· CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos)

· Mejoredu (Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación)

Estas instituciones, que funcionaban como contrapesos técnicos y garantes de derechos fundamentales, fueron desmanteladas bajo el argumento de “austeridad” y “eficiencia administrativa”. Sus funciones fueron absorbidas por dependencias del Poder Ejecutivo, eliminando así su autonomía y debilitando la capacidad de vigilancia sobre el propio gobierno.

Este proceso ha sido calificado por analistas y defensores de derechos humanos como un retroceso democrático y un paso hacia la consolidación de un régimen autoritario, donde la concentración del poder y la eliminación de contrapesos institucionales favorecen la impunidad y la expansión de redes criminales dentro del Estado.

En este contexto, México enfrenta el riesgo de convertirse en un narcoestado con fachada democrática, donde las elecciones se celebran, pero los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y justicia han sido neutralizados o subordinados al poder político dominante.

Capítulo 10: Conclusiones y Recomendaciones

Este capítulo sintetiza los hallazgos presentados en los nueve capítulos anteriores sobre el fenómeno de los narcoestados. Se abordan las implicaciones regionales, las respuestas internacionales y se proponen recomendaciones estratégicas para enfrentar esta amenaza transnacional.

Enfoque Regional

La región latinoamericana enfrenta una crisis estructural derivada de la consolidación de narcoestados, con casos paradigmáticos como Venezuela, México y Colombia. Estos países comparten patrones comunes: captura institucional, corrupción sistémica, represión política, economías criminales y alianzas con actores internacionales de baja reputación.

Uno de los hitos más significativos en la respuesta internacional ha sido la declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta red, integrada por altos mandos militares venezolanos, ha sido acusada de narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En este contexto, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política de “guerra contra el narcotráfico”, desplegando una fuerza militar sin precedentes en el Mar Caribe. En 2025, se lanzó una operación de gran escala bajo el Comando Sur, que incluyó:

· El despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado del mundo, con capacidad para operar hasta 75 aeronaves, incluyendo cazas F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye y helicópteros MH-60.

· Un grupo de ataque naval compuesto por cinco destructores, un crucero de misiles guiados, un submarino nuclear de ataque rápido, tres buques de asalto anfibio, y aviones de patrulla P-8 Poseidon, drones MQ-9 Reaper y bombarderos estratégicos B-52.

· El despliegue de más de 6.000 marinos e infantes de marina, con base operativa en Puerto Rico, y la ejecución de ataques cinéticos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, incluyendo narcolanchas y submarinos. Estas acciones han dejado más de 30 presuntos narcotraficantes muertos en aguas internacionales, principalmente cerca de Venezuela y Colombia.

Trump ha justificado estas operaciones como parte de una estrategia de seguridad hemisférica, afirmando que “los cárteles son organizaciones terroristas y serán tratados como tales”. Además, ha acusado a los gobiernos de Venezuela, México y Colombia de colaborar o tolerar el narcotráfico, y ha amenazado con acciones militares directas si no se toman medidas efectivas para desmantelar estas redes.

Síntesis de Hallazgos

A lo largo de este documento se ha demostrado que los narcoestados:

· Capturan las instituciones públicas para garantizar impunidad y control político.

· Utilizan el aparato estatal para proteger redes criminales, reprimir a la disidencia y desviar recursos públicos.

· Establecen alianzas con actores internacionales como Hezbolá, Hamás y grupos armados colombianos, ampliando su influencia y capacidad operativa.

· Saquean recursos naturales mediante minería ilegal, contrabando de petróleo y deforestación masiva.

· Utilizan el lavado de dinero y la corrupción empresarial para financiar sus operaciones y cooptar organismos multilaterales.

· Normalizan la violencia y el miedo como herramientas de control social, debilitando el tejido institucional y la cohesión comunitaria.

Recomendaciones Estratégicas

1. Fortalecimiento institucional

· Reformar los sistemas judicial, policial y militar para garantizar independencia, profesionalismo y transparencia.

· Establecer mecanismos de rendición de cuentas, protección a denunciantes y cooperación con organismos internacionales.

2. Cooperación internacional

· Fomentar alianzas regionales para el intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y asistencia técnica.

· Apoyar sanciones selectivas contra funcionarios, empresarios y militares vinculados al narcotráfico y violaciones de derechos humanos.

3. Regulación financiera y empresarial

· Supervisar las operaciones de multinacionales en zonas de conflicto, especialmente en sectores extractivos.

· Fortalecer los sistemas de control contra el lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento ilícito.

4. Protección ambiental y social

· Implementar políticas de conservación y restauración ambiental en territorios afectados por economías criminales.

· Garantizar atención humanitaria, justicia transicional y reparación integral a comunidades desplazadas y víctimas de violencia.

5. Defensa hemisférica

· Apoyar operaciones multinacionales de interdicción marítima y aérea, como las lideradas por el Comando Sur de EE. UU.

· Establecer una doctrina común de seguridad regional frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.